A la expersonera de Galapa, entre el periodo 2020 y 2023, Paola Andrea Oñoro González, la Procuraduría General de la Nación le formuló cargos por presuntamente posesionarse y ejercer ese puesto a pesar de estar inhabilitada por tener vínculos familiares con uno de los concejales del municipio que la eligió para el cargo. 

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“Al parecer, la exfuncionaria sería prima de un excabildante del concejo municipal que intervino en su elección, quien en sesión extraordinaria del 10 de enero de 2020 manifestó su impedimento para actuar y votar dentro de ese proceso de selección”, señaló la Procuraduría en un comunicado.   

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El Ministerio Público señaló que “se investiga si a pesar de ello, Oñoro González asumió y ejerció el cargo hasta mayo de 2022 luego de suscribir una declaración juramentada en la que habría negado tener inhabilidades. El ente de control señaló que, de comprobarse estos hechos, podría afirmarse que la entonces personera contravino el régimen legal de incompatibilidades e inhabilidades”.

A su juicio “este actuar fue calificado provisionalmente por la Procuraduría como falta gravísima cometida a título de dolo”.